El representante legal del grupo Keralty, Juan Pablo Currea Tavera, pidió a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación por presuntas irregularidades en la aplicación de la medida administrativa de intervención que se realiza a la EPS Sanitas.
A través de una carta enviada a la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco, la empresa dueña de Sanitas requirió a la entidad de control disciplinario un espacio para dar a conocer las “anomalías” que habrían encontrado en la intervención por parte de la Superintendecia de Salud.
El representante legal de Keralty aseguró que se presentó una “falsa motivación” al afirmar que los problemas financieros de la EPS han incidido directamente en la garantía del derechos fundamental a la salud de los afiliados.
Por lo anterior, calificó la actuación de la Superintendencia de Salud como “desproporcionada, discriminatoria y arbitraria”, a su vez que afirmó que esta “sugiere una expropiación”.
Para Currea Tavera, la petición de adelantar las investigaciones disciplinarias a que haya lugar “evitaría la afectación del derecho a la salud de los 5.9 millones de afiliados a la EPS Sanitas”.
